A contracorriente – Juan Luis Corcobado Cartes

EN EL ASUNTO del cese, por destitución, del anterior consejero de Salud de Extremadura, que había incurrido en incompatibilidad al seguir manteniendo su actividad profesional como oftalmólogo en Elvas (no doy crédito a rumores que añaden al nombre de esa ciudad el de otra localidad pacense), ha habido algo en lo que apenas si se ha incidido; ni por parte de políticos ni por los medios de comunicación.

Me refiero a que, según recogieron diversos periódicos, en una comparecencia de poco más de siete minutos, Fernández Perianes aseguró que no ha «obtenido retribución alguna por la labor asistencial que haya podido realizar puntualmente» durante el tiempo que ha sido consejero.

Al margen del no por extendido menos erróneo uso dado al término puntualmente (no creo que quisiera referirse a la puntualidad con que pasaba consulta, siempre a su hora, sin los retrasos tan habituales en otros casos), resulta digno de mención lo de «haya podido realizar».

¿Cómo es eso de haya podido realizar? Esa expresión podría haber sido utilizada –adecuadamente– por alguien que, aun sospechando que el consejero desarrollaba una actividad prohibida, no tuviera constancia de la misma. Pero en el caso del señor Perianes, a él le constaría mejor que a nadie si la estaba realizando o no. En caso negativo hubiera desmentido radicalmente la acusación (y, entonces, no hubieran existido razones para el cese). En caso afirmativo, como sin duda ha ocurrido, estuvo mal el intento  de enredar a su audiencia con un lenguaje engañoso.

¿Alguien pagará por tanta incompetencia o todo quedará en agua de borrajas? ¿No se exigirán responsabilidades a quienes, por activa o por pasiva, dieron lugar a esta situación?

OBSERVE el lector la primera foto. Fue tomada por un servidor a mediados de febrero del año en curso, en la calle Manuel Pacheco, de la Urbanización Los Castellanos, en Cáceres. Tras tomarla, hice una llamada telefónica a la Policía Local, siendo atendido por una persona no especialmente amable, si he de decir la verdad. La llamada, por cierto, corrió a mi cargo, como pude comprobar cuando me llegó la factura telefónica de aquel mes. El agente me informó de que enviaría una patrulla para hacerse cargo de la situación.

Al día siguiente, en efecto, el contenedor amarillo fue retirado. No se tapó el agujero (hallar una tapa adecuada no es cuestión de un día, sin duda) pero, provisionalmente, se colocaron unas vallas para evitar que un conductor despistado metiera las ruedas del coche en la trampa. La cosa quedó como se ve en esta otra foto.

Hoy, 6 de mayo, casi tres meses después de mi aviso a la policía y de la solución provisional, he vuelto a pasar por aquella calle. Y lo que he visto ha sido esto.

¿De verdad hay responsables municipales tan inútiles como no ser capaces de resolver en tres meses esta insignificancia? ¿Se imagina el lecltor qué soluciones darán estos amigos a problemas mucho más graves, de los que no anda precisamente escasa nuestra ciudad?

DICEN que los índices bursátiles, más que la situación económica de un país en un momento concreto, reflejan las expectativas existentes acerca de su evolución futura. La siguiente es la gráfica, a fecha 23 de abril de 2012, del IBEX 35, de los 35 valores españoles de mayor capitalización bursátil. Su inicio corresponde al momento en que el PP de Rajoy venció por mayoría absoluta en noviembre de 2011. El prometido milagro parece haber quedado en eso, en una promesa.

ESTE periódico publicó el día 19 de abril de 2012 la información a la que corresponde el recorte de la imagen: «Roban 50 portátiles valorados en 15.000 euros en el IES de Guareña».

Con esta noticia ocurre algo semejante ocurrido a lo ocurrido con la referente a la rotura de la cadera del rey en Batsuana: si no hubiera sido por ella, la ciudadanía hubiera permanecido ignorante de las aventuras africanas del monarca. Si no hubiera sido por el robo de los portátiles, nadie –o casi nadie– hubiera sabido que esos portátiles, tan fundamentales –según decía la consejera, entonces del PSOE– para alcanzar unos niveles educativos en Extremadura parangonables a los de los países más avanzados, eran tan inútiles como quienes habían creído que para mejorar un sistema educativo basta con gastar dinero sin ton ni son.

¡Ya ven, para qué servían en realidad los portátiles! ¡Para acumular polvo en unos armarios! Si solo fuera el caso de ese instituto de Guareña…

EN UNA intervención ante la televisión, en la que abundaron las sonrisas y las meteduras de pata, mientras anunciaba medidas restrictivas del libre acceso de los ciudadanos a la sanidad pública, la ministra del ramo, Ana Mato, explicó: «Los pensionistas tendrán que pagar COMO MUCHÍSIMO 8 euros al mes». ¿De verdad era necesario que, además de a la gente, agrediera tan brutalmente al castellano?

CUANDO le oí decir al obispo de Alcalá de Henares que hay quienes «ya desde niños tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo y a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos» pensé que el hombre estaba contando su última pesadilla. Hay que ser comprensivo. Nadie, ni los obispos, está libre de ellas y ya se sabe que los deseos reprimidos aparecen donde y cuando menos se los espera.

Al referirse poco después el mitrado (por lo del gorro) a la «jovencita, o mujer, que está embarazada» y movida por una preocupación enorme «es seducida y es tentada y cuando va a abortar a una clínica sale destruida» me dije que la cosa empezaba a pasar de castaño oscuro. Llegó a negro azabache cuando, refiriéndose a su jovencita –así, jovencita, en sospechoso diminutivo– añadió que «ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma». Remató la faena añadiendo que «mujeres que han ido a abortar llevan el sufrimiento en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir porque el pecado lleva siempre la destrucción de la persona».

Que un obispo diga lo que le venga en gana, aunque pueda rozar la injuria, entra en el amplio campo que le otorga su libertad de expresión. Incluso puede que esa libertad le ampare cuando, como ha hecho en alguna ocasión el alcalaíno, oficia una misa sobre un altar en el que, junto al sagrario, ondea una bandera franquista con el aguilucho resucitado. Puede.

Lo que me parece fuera de todo lugar es que diatribas como las anteriores hayan sido difundidas a todo el mundo por RTVE, que transmitió en directo, por una de sus cadenas, la ceremonia supuestamente religiosa en la que el monseñor dio vía libre a sus fantasmas. Lo que me saca de mis casillas es pensar que esa basura fue emitida por televisión gracias a mis impuestos.

EL DIARIO Oficial de Extremadura publicó el pasado día 23 de marzo la resolución de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se convoca, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, la contratación del servicio de «Adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de Extremadura».

Según esa resolución, el contrato tendrá una duración de 2 años y el presupuesto base de licitación será de 4.096.000 euros, es decir, 2.048.000 euros anuales.

Dividamos ese importe anual entre 365, que son los días que tiene un año: 5.611 euros.

O sea, que cada día del año, la Junta pagará a la compañía adjudicataria la friolera de 5.611 euros, casi un millón de pesetas, por que esta lleve pintada en sus pequeños aviones (que, por lo que se sabe hasta el momento, serán poco más que avionetas) un modesta publicidad turística.

¿Cuántos pasajeros diarios tendrán, por término medio, los vuelos con salida o destino en Badajoz? ¿Digamos 100, 110, 120, siendo optimistas? Dividamos, pues, los 5.611 euros entre los 120 pasajeros: 46 euros, casi 8.000 pesetas.

En otras palabras: con dinero de todos, se subvencionará a cada viajero que use la aerolínea adjudicataria del contrato, cada vez que la utilice, con casi 8.000 pesetas.

¿De veras no hay servicios públicos más importantes que ese de los vuelos a los que destinar los escasos fondos disponibles en estos tiempos?

¿ERES marciano, amigo lector? ¡Enhorabuena! Gracias a ello quizás puedas entender una reciente decisión de la Justicia española. Espero que el traductor automático multilingüe infra minúsculo que llevas alojado en el agujero del pendiente nasal no falle. Procuraré no utilizar expresiones de las que, por su mal sonido, no recogen ni siquiera los formidables diccionarios de tu planeta.

Te cuento:

Un guardia civil (no sé cómo los llamaréis allí en tu tierra, digo tu marte) había sido sancionado en Navarra tras ser hallado en estado de evidente embriaguez cuando acudió a su cuartel a prestar servicio. Presentaba “un estado de ánimo alterado, olor a alcohol, cierta inestabilidad, cierta incoherencia en el razonamiento, cambios de ánimo y ojos enrojecidos”, según rezaba la denuncia que sus propios y responsables compañeros redactaron.

No necesito explicarte, amigo marciano, aunque en vuestro maravilloso globo rojo no tengáis un Benemérito Instituto semejante al de aquí, el peligro que supone que un funcionario a él perteneciente, investido de la autoridad propia de los miembros de ese cuerpo y provisto del armamento reglamentario, sea incapaz de controlar sus acciones debido a una grave intoxicación etílica.

Como es lógico, al ver la situación del guardia, sus superiores lo enviaron a casa e iniciaron un procedimiento sancionador que concluyó decretando para el borrachín cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.

El guardia civil recurrió, y el asunto llegó al Tribunal Supremo. La Sala de lo Militar de ese prestigioso (¡ejem!) tribunal –sí, el mismo en que estás pensando– acaba de anular la sanción, dejándola en una simple suspensión de empleo y sueldo de solo cuatro días. ¿La razón? Pues que, según alegó el interesado y aceptó la Sala, los ejercicios con el codo los había realizado antes de entrar a prestar servicio, no durante el mismo.

Te cuento la historia, más que nada, por si algún día, integrado ya en la vida terráquea, tienes la mala fortuna de ser sorprendido en un control de tráfico con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. Supongo yo que, con el precedente de la sentencia que comento, siempre te cabrá alegar al correspondiente agente que sí, que borracho estarás como una cuba, pero que esa condición la alcanzaste en duro combate con la botella en el bar de la esquina, al que entraste antes de ponerte al volante. Jurar por tus hijos, todavía residentes en tu añorado planeta, que mientras conducías no bebiste ni una gota de agua bendita, o el brebaje equivalente allá en tu patria, siempre podría contribuir, digo yo, a que te dejaran seguir tu ruta como si tal cosa.

De nada, amigo. Y no dejes de avisarme, por favor, cuando salga el próximo aerobús hacia tu casa.

El día 8 de febrero de 2012 finalizó en Madrid el juicio celebrado en el Tribunal Supremo de España contra el Juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación en su investigación sobre los crímenes del franquismo. Esta fue su breve intervención en el último turno de palabra.

INFORMABA hace unos días este periódico de que «la mala costumbre de dejar pasar la consulta médica sin avisar supone más del 3% de las citaciones médicas que realiza el Servicio Extremeño de Salud en un año y lastra el funcionamiento del sistema».

Mi experiencia particular me permite pensar que, probablemente, la mayor parte de esas inasistencias no son imputables al usuario, sino a fallos reiterados del servicio de citas. Expongo un par de casos vividos en primera persona.

Se aproximaba mi periódica cita para una revisión oftalmológica y no había recibió ninguna comunicación al respecto. Me desplacé para conocer las causas al correspondiente servicio administrativo: «Ha llegado usted justo a tiempo», me informó la funcionaria tras la ventanilla, «tiene la consulta mañana a las nueve». «¿Mañana?», pregunté, «pero si no me ha llegado comunicación alguna…». La buena señora no supo darme razones.

Algunas semanas después encontré en mi buzón de correos una carta procedente del SES. Al abrirla comprobé que contenía dos citaciones para consultas de un mismo servicio. Una, sí, para mí; pero la segunda iba destinada a otra persona de apellido similar al mío. Acudí al centro médico para informar de ello y evitar, así, que el segundo paciente se quedara sin atender. «Ocurre a veces esto», me dijo la funcionaria que me atendió. «El ensobrador –refiriéndose a una máquina que introduce los papeles con las citas en los sobres– suele fallar y mete dos folios en un mismo sobre».

De modo que, salvo que me demuestren lo contrario, nada de atribuir esa inasistencia a las citas médicas a los pobres usuarios, que suficiente tenemos con esperar sentados que el médico pueda atendernos. Aunque en algunos casos pueda producirse olvido o no se tenga el elemental sentido cívico que obligaría, en caso de haber decidido no acudir a la consulta, a comunicarlo a la administración sanitaria para favorecer a otro paciente, las razones de esas ausencias pueden ser mucho más sencillas… y evitables.